A siete meses de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos que diseñó un proceso de estabilización, recuperación económica y transición política, arrancaron en Caracas las conversaciones entre los representantes opositores de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. El objetivo es redefinir los poderes públicos, como el Consejo electoral y el Tribunal Supremo, y restablecer las garantías para una nueva elección.
Pero lo que sucede en esta mesa tiene poco que ver con quienes la conforman y mucho con los intereses estratégicos de cuatro actores. Dos tienen el poder institucional, dos buscan condicionar el resultado, y cada uno necesita algo distinto.
Donald Trump busca una victoria contundente. Para el presidente estadounidense, Venezuela representa la oportunidad de exhibir un logro geopolítico de gran impacto sin el desgaste de una ocupación o guerra convencional. El petróleo es el epicentro de su estrategia. No obstante, los datos revelan que, aunque la exportación de crudo a EE. UU. saltó a casi 800,000 barriles diarios en julio, el incremento real de la producción global venezolana apenas aporta un 0.2% a la producción mundial, muy por debajo del 10% necesario para compensar la crisis de Medio Oriente.
Esto podría generar una presión petrolera hacia Trump para respaldar una transición política que garantice certidumbre operativa petrolera.
Marco Rubio tiene una motivación adicional: su futuro político. Como secretario de Estado, Venezuela es el expediente latinoamericano más trascendental de su gestión. Un desenlace favorable consolidaría su autoridad en la política exterior republicana y movilizaría a su base latina en Florida. Por ello las elecciones de medio término y primarias presidenciales serán claves en los tiempos de la transición venezolana. Si Trump necesita una victoria internacional, Rubio necesita estamparle su firma.
Delcy Rodríguez, sobrevivir con o sin poder. En Caracas, con el aval de Washington, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge han desplazado al eje Maduro-Flores para acaparar el control del chavismo residual. Su hoja de ruta plantea una estrategia de ganar-ganar basada en dos vías: la primera, consolidarse en el poder y relanzar el proyecto chavista, respaldados por una recuperación económica impulsada por la apertura petrolera; la segunda, pactar una salida negociada, un acuerdo que les asegure blindaje jurídico, participación política para el PSUV y protección para la nueva burguesía empresarial gestada a su sombra. El doble terremoto de julio y el estancamiento económico —pese a la incipiente recuperación petrolera— los empujan hacia la segunda alternativa: una transición pactada que garantice la impunidad esperada.
Finalmente, María Corina Machado, con el peso de la legitimidad. Aunque carece de control estatal, monopoliza el activo más codiciado: la legitimidad. Es la única líder que goza de la confianza de más de la mitad de los venezolanos, un contraste abismal frente al desgaste oficialista. Por ello, su exclusión de la mesa de negociaciones no merma su influencia; la magnífica. A medida que se amplíe la participación política y la libertad en los medios, su capacidad para presionar los resultados será más relevante y por tanto su posicionamiento para obtener los beneficios de esos acuerdos: poder finalmente participar en una elección libre y acceder al poder.
A la par, los venezolanos sufren las secuelas de 27 años de socialismo: colapso de servicios básicos, inflación de tres dígitos y un reciente doble terremoto que aceleran la necesidad de un cambio institucional. Al final, será el poder de Estados Unidos el que permita resolver la contradicción central del proceso: quienes controlan las instituciones exigen garantías para abandonarlas, mientras quienes poseen legitimidad necesitan garantías para poder acceder al poder. Ahí radica la verdadera transición. El desenlace avanzará a medida que los incentivos de estos cuatro actores logren alinearse. La llave del país la tienen, en definitiva, dos rubios y dos mujeres.