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  • Venezuela: entre dos rubios y dos mujeres

    A siete meses de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos que diseñó un proceso de estabilización, recuperación económica y transición política, arrancaron en Caracas las conversaciones entre los representantes opositores de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. El objetivo es redefinir los poderes públicos, como el Consejo electoral y el Tribunal Supremo, y restablecer las garantías para una nueva elección.

    Pero lo que sucede en esta mesa tiene poco que ver con quienes la conforman y mucho con los intereses estratégicos de cuatro actores. Dos tienen el poder institucional, dos buscan condicionar el resultado, y cada uno necesita algo distinto.

    Donald Trump busca una victoria contundente. Para el presidente estadounidense, Venezuela representa la oportunidad de exhibir un logro geopolítico de gran impacto sin el desgaste de una ocupación o guerra convencional. El petróleo es el epicentro de su estrategia. No obstante, los datos revelan que, aunque la exportación de crudo a EE. UU. saltó a casi 800,000 barriles diarios en julio, el incremento real de la producción global venezolana apenas aporta un 0.2% a la producción mundial, muy por debajo del 10% que debe compensarse por la crisis de Medio Oriente.
    Lo cual podría generar una presión petrolera hacia Trump para respaldar una transición política que garantice certidumbre operativa. Una Venezuela estable y reintegrada al mercado global sería un éxito económico y un trofeo que validaría su doctrina de presión. Su incentivo no es solo que haya elecciones, sino lograr una transición alineada con Washington.

    Marco Rubio tiene una motivación adicional: su futuro político. Como secretario de Estado, Venezuela es el expediente latinoamericano más trascendental de su gestión. Un desenlace favorable consolidaría su autoridad en la política exterior republicana y movilizaría a su base latina en Florida. Por ello las elecciones de medio término y primarias presidenciales serán claves en los tiempos de la transición venezolana. Si Trump necesita una victoria internacional, Rubio necesita estamparle su firma.

    Delcy Rodríguez, la sobrevivencia con o sin poder. En Caracas, el cálculo es diferente. Con aval estadounidense, la presidenta interina junto a su hermano desplazaron al eje Maduro-Flores para concentrar el poder chavista: Delcy Rodríguez controla el Ejecutivo y Jorge, el Legislativo. Su apuesta era retener el poder y que la recuperación económica relanzara su popularidad. Sin embargo, tras el terremoto de julio, el rechazo a su gestión supera el 80%. Ante este escenario, su plan de contingencia podría ser asegurar el futuro: blindarse contra procesos penales, garantizar participación política para su partido (PSUV) y proteger a la nueva burguesía empresarial gestada bajo su administración.

    Finalmente, María Corina Machado, con el peso de la legitimidad. Aunque carece de control estatal, monopoliza el activo más codiciado: la legitimidad. Es la única líder que goza de la confianza de más de la mitad de los venezolanos, un contraste abismal frente al desgaste oficialista. Por ello, su exclusión de la mesa de negociaciones no merma su influencia; la magnífica. A medida que se amplíe la participación política y la libertad en los medios, su capacidad para presionar los resultados será más relevante y por tanto su posicionamiento para obtener los beneficios de esos acuerdos: poder finalmente acceder al poder.

    A la par, los venezolanos sufren las secuelas de 27 años de socialismo: colapso de servicios básicos, inflación de tres dígitos y un reciente doble terremoto que aceleran la necesidad de un cambio institucional. Al final, será el poder de Estados Unidos el que permita resolver la contradicción central del proceso: quienes controlan las instituciones exigen garantías para abandonarlas, mientras quienes poseen legitimidad necesitan garantías para poder acceder al poder. Ahí radica la verdadera transición. El desenlace avanzará a medida que los incentivos de estos cuatro actores logren alinearse. La llave del país la tienen, en definitiva, dos rubios y dos mujeres.

  • Los tres retos de Fujimori para lograr un Perú estable.

    El nuevo gobierno llega blindado contra la vacancia, pero incierto frente a tres retos: el presupuesto, el fenómeno de El Niño y la fractura del sur.

    Tras quince años y tres intentos fallidos, Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú envuelta en una profunda paradoja institucional: sobre el papel, es la mandataria con mayor blindaje para evitar la destitución en las últimas tres décadas; sin embargo, en la práctica, se perfila como una de las más frágiles para ejercer la gobernabilidad.

    El Congreso: primera minoría y un blindaje inédito
    Con el retorno del sistema bicameral tras más de treinta años, la vacancia presidencial deja de ser el recurso sistemático que derribó ocho gobiernos en la última década. El nuevo diseño constitucional exige mayorías de dos tercios en ambas cámaras —87 de 130 diputados y 40 de 60 senadores— en un proceso de dos etapas.

    Si bien el bloque opositor de centroizquierda controla la Cámara de Diputados con 74 escaños, no alcanza la mayoría calificada. Por su parte, en el Senado, el fujimorismo se erige como primera minoría con 22 escaños, asegurando el tercio necesario para bloquear cualquier intento de destitución.

    No obstante, la presidenta hereda un complejo panorama fiscal. El Congreso saliente aprobó múltiples leyes con alto impacto para el erario, dejando una caja presupuestaria con compromisos de gasto. Para contener este déficit, el gobierno ha apostado por un gabinete de perfil tecnocrático, promercado, con fuertes vínculos con Estados Unidos y una alta capacidad de articulación parlamentaria.

    Este equipo clave está conformado por figuras como Elmer Cuba (exdirector del Banco Central de Reserva) en el Ministerio de Economía; Carlos Espá (con quince años de trayectoria en la Embajada de EE. UU. en Lima) en Relaciones Exteriores; y Luis Galarreta como primer ministro, un fujimorista fiel y articulador político. A ellos se suma Miguel Ángel Torres, hombre de total confianza de la mandataria, desde la presidencia del Congreso. El reto de esta cúpula será consolidar una alianza parlamentaria con Renovación Nacional (centroderecha) y disputarle a la oposición el apoyo de las bancadas bisagra del Partido del Buen Gobierno (centro).

    El Niño que no vota, pero manda
    El Perú mantiene la alerta máxima ante el fenómeno de El Niño costero, proyectado con gran magnitud para el verano 2026-2027 y con un impacto estimado del 1 % del PIB. A escasos meses de asumir el poder, el gobierno enfrentará su primera prueba de fuego: lluvias torrenciales que amenazan con golpear la infraestructura, la salud, la agricultura y la pesca, con especial énfasis en la costa norte, y lluvias escasas en el sur, que producirán sequía.

    El impacto de este fenómeno es dual: humanitario y macroeconómico. Cabe recordar que el episodio climático de 2023 restó un 0,6 % al PIB, con caídas drásticas en el sector agropecuario (-2,9 %) y pesquero (-19,7 %). En este punto, las amenazas convergen: la capacidad del Estado para mitigar los daños mediante obras de emergencia y transferencias directas dependerá exclusivamente del estrecho margen fiscal heredado.

    El recuerdo de la mano dura
    El principal vector que impulsó a Fujimori hacia el Palacio de Gobierno fue la promesa de “ordenar el país”. Hoy, la inseguridad es la principal preocupación ciudadana. Las estadísticas proyectan un escenario crítico: cerca de 2.400 homicidios en 2025 —unos siete al día— y más de 25.000 denuncias por extorsión, evidenciando el avance de bandas criminales que cobran cupos a transportistas y comerciantes bajo amenaza de muerte.

    La respuesta de la nueva administración se articula en un plan de pacificación con presencia militar y policial ininterrumpida en el transporte público, construcción de penales de máxima seguridad, patrullaje con tecnología y combate frontal contra el sicariato.

    Esta estrategia se enfrenta al factor tiempo: la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Cualquier fracaso o demora se cobrará en las calles, no en el hemiciclo. Es, a la vez, el mayor capital político de la mandataria y su flanco más expuesto.

    Un sur adverso y el factor de legitimidad
    El elemento más complejo en este tablero es la legitimidad social. Fujimori obtuvo la victoria por un margen estrecho —menos de 50.000 votos—, asumiendo el mando de un país profundamente polarizado. Mientras que en Lima alcanzó cerca del 65 % de aprobación, en gran parte del sur andino apenas rozó el 13 %, enfrentando un rechazo estructural.

    Paradójicamente, esa misma macrorregión sur que le negó el apoyo en las urnas será la más castigada por el estrés hídrico y las posibles sequías derivadas de El Niño. La geografía menos dispuesta a concederle tregua política será la primera en demandar eficiencia estatal ante la pérdida de sus cosechas; una coincidencia de alto riesgo.

    Una emergencia climática mal gestionada, una desafección social acumulada en el sur y el avance sin freno de la criminalidad configuran un escenario volátil. La actual administración no necesita que la oposición reúna 87 votos para sufrir una crisis de gobernabilidad. El escudo del Senado protege a la presidencia de la vacancia, pero es ineficaz contra la presión ciudadana. En conclusión, el nuevo gobierno inicia su mandato institucionalmente blindado, pero operativamente atado a variables extraparlamentarias: el clima, el crimen organizado y la histórica fractura territorial del país.

  • Hello world!

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