El nuevo gobierno llega blindado contra la vacancia, pero incierto frente a tres retos: el presupuesto, el fenómeno de El Niño y la fractura del sur.
Tras quince años y tres intentos fallidos, Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú envuelta en una profunda paradoja institucional: sobre el papel, es la mandataria con mayor blindaje para evitar la destitución en las últimas tres décadas; sin embargo, en la práctica, se perfila como una de las más frágiles para ejercer la gobernabilidad.
El Congreso: primera minoría y un blindaje inédito
Con el retorno del sistema bicameral tras más de treinta años, la vacancia presidencial deja de ser el recurso sistemático que derribó ocho gobiernos en la última década. El nuevo diseño constitucional exige mayorías de dos tercios en ambas cámaras —87 de 130 diputados y 40 de 60 senadores— en un proceso de dos etapas.
Si bien el bloque opositor de centroizquierda controla la Cámara de Diputados con 74 escaños, no alcanza la mayoría calificada. Por su parte, en el Senado, el fujimorismo se erige como primera minoría con 22 escaños, asegurando el tercio necesario para bloquear cualquier intento de destitución.
No obstante, la presidenta hereda un complejo panorama fiscal. El Congreso saliente aprobó múltiples leyes con alto impacto para el erario, dejando una caja presupuestaria con compromisos de gasto. Para contener este déficit, el gobierno ha apostado por un gabinete de perfil tecnocrático, promercado, con fuertes vínculos con Estados Unidos y una alta capacidad de articulación parlamentaria.
Este equipo clave está conformado por figuras como Elmer Cuba (exdirector del Banco Central de Reserva) en el Ministerio de Economía; Carlos Espá (con quince años de trayectoria en la Embajada de EE. UU. en Lima) en Relaciones Exteriores; y Luis Galarreta como primer ministro, un fujimorista fiel y articulador político. A ellos se suma Miguel Ángel Torres, hombre de total confianza de la mandataria, desde la presidencia del Congreso. El reto de esta cúpula será consolidar una alianza parlamentaria con Renovación Nacional (centroderecha) y disputarle a la oposición el apoyo de las bancadas bisagra del Partido del Buen Gobierno (centro).
El Niño que no vota, pero manda
El Perú mantiene la alerta máxima ante el fenómeno de El Niño costero, proyectado con gran magnitud para el verano 2026-2027 y con un impacto estimado del 1 % del PIB. A escasos meses de asumir el poder, el gobierno enfrentará su primera prueba de fuego: lluvias torrenciales que amenazan con golpear la infraestructura, la salud, la agricultura y la pesca, con especial énfasis en la costa norte, y lluvias escasas en el sur, que producirán sequía.
El impacto de este fenómeno es dual: humanitario y macroeconómico. Cabe recordar que el episodio climático de 2023 restó un 0,6 % al PIB, con caídas drásticas en el sector agropecuario (-2,9 %) y pesquero (-19,7 %). En este punto, las amenazas convergen: la capacidad del Estado para mitigar los daños mediante obras de emergencia y transferencias directas dependerá exclusivamente del estrecho margen fiscal heredado.
El recuerdo de la mano dura
El principal vector que impulsó a Fujimori hacia el Palacio de Gobierno fue la promesa de “ordenar el país”. Hoy, la inseguridad es la principal preocupación ciudadana. Las estadísticas proyectan un escenario crítico: cerca de 2.400 homicidios en 2025 —unos siete al día— y más de 25.000 denuncias por extorsión, evidenciando el avance de bandas criminales que cobran cupos a transportistas y comerciantes bajo amenaza de muerte.
La respuesta de la nueva administración se articula en un plan de pacificación con presencia militar y policial ininterrumpida en el transporte público, construcción de penales de máxima seguridad, patrullaje con tecnología y combate frontal contra el sicariato.
Esta estrategia se enfrenta al factor tiempo: la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Cualquier fracaso o demora se cobrará en las calles, no en el hemiciclo. Es, a la vez, el mayor capital político de la mandataria y su flanco más expuesto.
Un sur adverso y el factor de legitimidad
El elemento más complejo en este tablero es la legitimidad social. Fujimori obtuvo la victoria por un margen estrecho —menos de 50.000 votos—, asumiendo el mando de un país profundamente polarizado. Mientras que en Lima alcanzó cerca del 65 % de aprobación, en gran parte del sur andino apenas rozó el 13 %, enfrentando un rechazo estructural.
Paradójicamente, esa misma macrorregión sur que le negó el apoyo en las urnas será la más castigada por el estrés hídrico y las posibles sequías derivadas de El Niño. La geografía menos dispuesta a concederle tregua política será la primera en demandar eficiencia estatal ante la pérdida de sus cosechas; una coincidencia de alto riesgo.
Una emergencia climática mal gestionada, una desafección social acumulada en el sur y el avance sin freno de la criminalidad configuran un escenario volátil. La actual administración no necesita que la oposición reúna 87 votos para sufrir una crisis de gobernabilidad. El escudo del Senado protege a la presidencia de la vacancia, pero es ineficaz contra la presión ciudadana. En conclusión, el nuevo gobierno inicia su mandato institucionalmente blindado, pero operativamente atado a variables extraparlamentarias: el clima, el crimen organizado y la histórica fractura territorial del país.
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